Elevamos cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para conseguir la retroactividad de cláusulas suelo

En una iniciativa sin precedentes en España, MOREANA promueve que el TJUE aclare si el Derecho de la Unión exige el reintegro a los afectados de todas las cantidades cargadas de más en aplicación de “cláusulas suelo”

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En el día de hoy, MOREANA ha presentado simultáneamente ante diversos Juzgados de lo Mercantil y Audiencias Provinciales de Andalucía, Extremadura y Canarias casi un centenar de escritos solicitando la elevación por dichos órganos judiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de una cuestión prejudicial, a fin de que el tribunal de Luxemburgo aclare si el Derecho de la Unión Europea exige decretar la “retroactividad plena” (esto es, la reintegración a los afectados por “cláusulas suelo” de todas las cantidades abonadas de más, desde el preciso momento de la firma de la hipoteca).

Como hemos informado en anteriores posts, la última sentencia del Tribunal Supremo sobre esta espinosa y controvertida cuestión (la STS 139/2015 de 25 de marzo) fijó la doctrina jurisprudencial sobre esta cuestión, al interpretar la legislación aplicable en el sentido de que sólo procede condenar a las entidades financieras a devolver las cantidades abonadas de más a partir del 9 de mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Alto Tribunal sobre “cláusulas suelo”. Dado que la caída del Euribor se produjo en el cuarto trimestre de 2008, eso supondría, a día de hoy, excluir de todo reintegro por los cargos realizados entre 2009 y mayo de 2013, esto es, aproximadamente dos tercios de las cantidades reclamadas por los consumidores afectados en sus pleitos individuales.

“A nuestro juicio, el Tribunal Supremo ha obviado las exigencias del Derecho comunitario y los compromisos que derivan de la integración de España en la Unión Europea”, afirma Carlos Fidalgo, Socio Director de MOREANA | Abogados y Economistas y promotor de la cuestión prejudicial. “Las normas comunitarias, en este caso muy especialmente la Directiva de Consumidores 93/13, exigen que las cláusulas declaradas abusivas no desplieguen efecto alguno. La extraña e inaudita retroactividad parcial decretada por el Supremo no sólo ignora los principios básicos del Derecho español en materia de nulidad contractual (el art. 1303 del Código Civil es claro en este sentido, por más que el Tribunal Supremo quiera ahora recortarlo) sino sobre todo va en contra de las normas de la Unión. Estoy convencido de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su papel como último garante e intérprete del Derecho comunitario, amparará a los consumidores, tanto aquellos a los que directamente representamos, como a cualesquiera otros pues el pronunciamiento del TJUE debería tener efectos generalizados”.