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Morosidad Pública

El pago tardío por las Administraciones Públicas a sus proveedores de los bienes y servicios de que se sirven para el desarrollo de su actividad es un problema casi crónico, que previsiblemente se agudizará por la situación de crisis en ciernes tras el COVID-19. En esa situación, es fundamental conocer las vías legales al alcance de los proveedores para conseguir el pago de sus créditos.

Si bien la Ley 3/2004 supuso el inicio de una cierta reducción de los plazos y condiciones en las que las Administraciones Públicas abonan a sus proveedores los bienes y servicios que les solicita, la emergencia sanitaria del COVID19 previsiblemente empeorará las perspectivas de pronto pago de los proveedores de la Administración.

Es sabido además que los retrasos en el pago a proveedores pueden empujar a éstos a situaciones extremas, a veces incluso al cierre.

Es una cadena perversa que es preciso atajar con las herramientas idóneas, que son muchas y muy eficaces pero a veces muy desconocidas. En MOREANA | Abogados tenemos una larga y fructífera experiencia en reclamaciones extrajudiciales y judiciales de deudas de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles: local, autonómico y nacional.

Pero reclamar lo que se me adeuda debe ser difícil e incierto…

No es así. La reclamación de deudas de las Administraciones Públicas debe hacerse conforme a un procedimiento perfectamente regulado en diversos textos legales, que es preciso conocer en detalle pero que ofrece elevadísimas garantías de éxito. Es más, conociendo en detalle ese procedimiento y la normativa aplicable es muy posible conseguir, tanto que la Administración abone el principal de lo que debe, más unos intereses especialmente elevados (los de la Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad, que se sitúan actualmente en el entorno del 8 – 9 %), como que nos resarza de los costes del posible pleito por la condena en costas.

Pero en mi caso simplemente me llamaron, entregué la mercancía y no firmé contrato…

Aun siendo cierto que la Administración debe necesariamente seguir un procedimiento reglado para contratar bienes y servicios, la ausencia de tal formalidad, si no es culpa del proveedor ni ha sido utilizada por él como mecanismo para eludir fraudulentamente la libre concurrencia, no impide que se genere la obligación de pago, pues de lo contrario se generaría un enriquecimiento injusto.

Si reclamo, ¿no sufriré represalias?

Las Administraciones Públicas tienen un especial deber, primero de atender cabalmente sus obligaciones de todo orden para con sus proveedores, y luego de ajustarse en sus procedimientos de contratación a una normativa cada vez más exigente.

El ejercicio de sus derechos ante una determinada administración morosa no debería suponerle, por tanto, perjuicio alguno. Es más, si eso sucediese, procedería derivar responsabilidad personal a los responsables.

¿Qué coste puede suponer un pleito de este tipo?

Sin perjuicio de cualquier otra fórmula que pueda convenir al cliente, en MOREANA | Abogados ofrecemos la tramitación de la reclamación extrajudicial y el posterior pleito por unas cantidades mínimas, percibiendo el grueso de los honorarios en régimen de prima de éxito. Esto es, cobrando la mayor parte de honorarios cuando y sólo si se consigue el cobro de las correspondientes cantidades de la entidad demandada, en forma de porcentaje sobre lo recobrado.

Llámenos (954 600 008) o escríbanos (info@moreana.es) para que estudiemos gratuitamente su caso y le orientemos sin compromiso sobre sus derechos.

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