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Reclamación de deudas a la administración

El retraso de las Administraciones Públicas en los pagos a sus proveedores por los bienes y servicios contratados para el desarrollo de su actividad es un problema casi crónico, que previsiblemente se agudizará por la situación de crisis por el COVID-19. Es fundamental conocer las vías legales al alcance de los proveedores acreedores de las Administraciones Públicas para conseguir el pago de sus créditos.

¿Qué puedo hacer si un organismo público no me paga lo que le he suministrado?

Si bien la Ley 3/2004 introdujo una cierta reducción de los plazos y condiciones en las que las Administraciones Públicas deben abonar a sus proveedores los bienes y servicios que contrata, la emergencia sanitaria del COVID19 ya ha empeorado y seguirá reduciendo las perspectivas de pronto pago de los proveedores de la Administración.

Es frecuente además que estos retrasos en el pago a proveedores pueden llevarles a situaciones extremas de insolvencia, a veces incluso al cierre, con lo que implica de impago a otros suministradores, despidos, etc.

Es una cadena perversa que es preciso atajar con las herramientas idóneas, que son muchas y muy eficaces pero a veces muy desconocidas. En MOREANA | Abogados tenemos una larga y fructífera experiencia en reclamaciones extrajudiciales y judiciales de deudas de las Administraciones Públicas en sus distintos niveles: local, autonómico y nacional.

Pero reclamar lo que se me adeuda debe ser difícil e incierto…

No es así. La reclamación de deudas de las Administraciones Públicas debe hacerse conforme a un procedimiento complejo pero perfectamente regulado en diversos textos legales, que es preciso conocer en detalle pero que ofrece elevadísimas garantías de éxito. Es más, conociendo en detalle ese procedimiento y la normativa aplicable es muy posible conseguir varias cosas: que la Administración abone el principal de lo que debe, que pague además unos intereses especialmente elevados (los de la Ley 3/2004 de Lucha contra la Morosidad, que se sitúan actualmente en el entorno del 8–9 %), y que incluso nos satisfaga los costes del posible pleito mediante la condena en costas.

Pero en mi caso simplemente me llamaron, entregué la mercancía y no firmé contrato…

Aunque la Administración debe necesariamente seguir un procedimiento reglado para contratar bienes y servicios, la ausencia de tal formalidad, si no es culpa del proveedor ni ha sido utilizada por él como mecanismo para eludir fraudulentamente la libre concurrencia, no impide que se genere y se pueda reclamar la obligación de pago, pues de lo contrario se generaría un enriquecimiento injusto.

Si reclamo, ¿no sufriré represalias?

Las Administraciones Públicas tienen un especial deber, primero de atender cabalmente sus obligaciones de todo orden para con sus proveedores, y luego, de ajustarse en sus procedimientos de contratación a una normativa cada vez más exigente. No se les reclama otra cosa que el cumplimiento de lo que les corresponde.

El ejercicio de sus derechos ante una determinada administración morosa no debería suponerle, por tanto, perjuicio alguno. Es más, si eso sucediese, procedería reclamar la responsabilidad personal de los funcionarios que lo provoquen.

¿Qué coste puede suponer un pleito de este tipo?

Sin perjuicio de cualquier otra fórmula que pueda convenir al cliente, en MOREANA | Abogados ofrecemos la tramitación de la reclamación extrajudicial y el posterior pleito por unas cantidades iniciales muy reducidas, percibiendo el grueso de los honorarios en régimen de prima de éxito. Es decir, recibimos la mayor parte de honorarios cuando y sólo si se consigue el cobro de las correspondientes cantidades de la entidad demandada, en forma de porcentaje sobre lo recobrado.

Llámenos (954 600 008) o escríbanos (info@moreana.es) para que estudiemos su caso y le orientemos sin compromiso sobre sus derechos.

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