Cláusulas suelo

Qué son las “cláusulas suelo”

Las llamadas “cláusulas suelo” son limitaciones a la fluctuación a la baja que pueden experimentar los tipos de interés a los que se referencian los préstamos hipotecarios a interés variable. Esto es, para hipotecas cuyo tipo de interés de referencia (en España, generalmente el Euribor) se va revisando cada cierto tiempo, las cláusulas suelo actúan como barrera mínima en caso de bajada de tipos, impidiendo, aunque el Euribor baje más que el suelo fijado, que las cuotas de amortización de los préstamos hipotecarios bajen libremente.

Las cláusulas suelo han sido uno de los motivos más frecuentes de conflicto entre entidades financieras y consumidores en los últimos años. No se trata de quejas aisladas, puesto que en España son cientos de miles los préstamos hipotecarios que incluyen tales cláusulas. En un momento en que el Euribor está históricamente bajo (0,54% en septiembre de 2013), la existencia de una cláusula suelo provoca que las cuotas mensuales de amortización de las hipotecas no bajen tanto como los consumidores afectados podrían esperar, pues el tipo de interés permanece estancado en el suelo fijado en la escritura de préstamo (el 3, el 4 o hasta el 4,5%). Una situación que puede suponer un sobrecoste mensual del entorno de los 250 € (para una hipoteca media, de 150.000 € de capital a 20 años y referenciada a Euribor más 1 punto), y que al cabo de los años puede haber supuesto un sobrecoste, según los casos, de más de 10.000 € (por ejemplo, para una hipoteca de 150.000 € de capital a 20 años y referenciada a Euribor más 1 punto, constituida antes de la histórica caída del Euribor de finales de 2008, con una cláusula suelo del 4%).

Grafico clausulas suelo

 

Los clientes consideran que es un abuso que bancos y cajas hayan incluido en sus hipotecas esas cláusulas, sin ellos ser conscientes ni habérsele facilitado las oportunas explicaciones en su momento. Los bancos aducen, tanto que han actuado correctamente (cumpliendo todos los requisitos legales y reglamentarios), como que las cláusulas suelo son elemento esencial de la contratación en masa que, al reducir costes de transacción y permitir a las entidades planificar con más seguridad sus ingresos futuros, redundan en última instancia en beneficio de los consumidores pues permiten a las entidades financieras ofrecer hipotecas en mejores condiciones.

Las cláusulas suelo ante los Tribunales de Justicia

El movimiento pro derechos de los clientes de las entidades financieras, abanderado por conocidas asociaciones de consumidores y usuarios, ha hecho de la lucha contra las cláusulas suelo una de sus reivindicaciones más recurrentes, y ese movimiento ha cosechado grandes éxitos en los últimos meses (señaladamente, la Sentencia 241/2013 del Tribunal Supremo, que estableció los requisitos que tenían que cumplir las cláusulas suelo para no ser declaradas abusivas). Los bancos y cajas, por su parte, oscilan entre los que han optado por inaplicar tales cláusulas aunque sin eliminarlas ni devolver las cantidades abonadas de más (señaladamente BBVA, desde la segunda mitad de 2013), y los que insisten en que fueron incorporadas lícitamente a los préstamos hipotecarios, y por tanto obligan a los particulares a pleitear si quieren conseguir su eliminación y la devolución del sobrecoste (entre otros, Banco Popular, Banco Pastor, CaixaBank, Cajasol o Unicaja). En otras ocasiones las entidades ofrecen a sus clientes la eliminación de las cláusulas suelo como contrapartida a la contratación por sus clientes de otros productos (seguros, imposiciones a plazo fijo, etcétera), posibilidad que en la mayoría de los casos implica para el cliente que lo que consigue ahorrar con la eliminación de la cláusula suelo queda absorbido, en todo o en parte, por el coste mensual que le suponen los nuevos productos contratados.

En este campo, además, impera una gran confusión sobre los derechos que asisten a los consumidores y usuarios en relación con las cláusulas suelo: sobre las posibilidades reales de éxito en un pleito entablado contra bancos y cajas en esta materia; sobre el alcance que puede tener una sentencia que condene al banco a eliminar la cláusula suelo de la hipoteca en cuestión (concretamente sobre si la eliminación de la cláusula se produce con efecto retroactivo y por tanto condenará al banco a devolver todas las cantidades cobradas de más a lo largo de los años); o sobre los costes asociados a la litigación contra bancos y cajas (honorarios de abogado, procurador, tasa judicial). Por su parte, las entidades financieras suelen oponer una defensa numantina y de gran calidad jurídica, que fácilmente puede echar por tierra una demanda planteada sin la técnica adecuada.

Dónde acudir si está Vd. afectado por una “cláusula suelo”

La calidad de la defensa que las entidades financieras oponen frente a las demandas de nulidad de cláusulas suelo hace absolutamente necesario acudir a un abogado especializado para tener verdaderas posibilidades de éxito en una demanda judicial.

Una de las especialidades más destacadas del área jurídica de MOREANA | Abogados y Economistas es el Derecho Bancario. Nuestros profesionales tienen una larga experiencia y probada competencia en la negociación y litigación, tanto contra entidades bancarias, como en defensa de las mismas. Esa doble perspectiva nos pone en una situación idónea para defender los intereses de nuestros clientes con la mayor profesionalidad y garantía de éxito.

Si tiene o cree que tiene en su hipoteca una cláusula suelo y no sabe qué hacer, contacte con nosotros en info@moreana.es o en cualquiera de nuestros teléfonos. Estudiaremos su caso sin compromiso y le haremos una estimación imparcial y gratuita de las posibilidades de actuación que le asisten, tanto en vía judicial como extrajudicial. Si considera que no puede permitirse los costes de un pleito, en MOREANA | Abogados y Economistas no sólo le haremos un presupuesto asequible, sino que podemos poner a disposición fórmulas flexibles, e incluso podemos ofrecerle la llevanza del pleito cobrando nuestros honorarios únicamente a éxito, cuando se produzca el cobro de la entidad financiera tras la correspondiente sentencia. Todo ello manteniéndole en todo momento informado, tanto sobre los costes detallados del litigio, como sobre el estado de los trabajos desarrollados en su defensa.

 

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